Diputados devuelven expediente de la Corte que pretendía nombrar cinco magistrados suplentes ‘a dedo’ Los congresistas votaron devolver el expediente a la Corte Suprema

El diputado del PLN, Carlos Ricardo Benavides, felicitó la actuación de la Comisión de Nombramientos, que recomendó devolver el expediente, pues el proceso de elección irrespetó las normas establecidas en la propia Constitución Política. (Foto: Katya Alvarado)

Los diputados de la Asamblea Legislativa devolvieron este lunes el expediente que envió la Corte Suprema de Justicia para el nombramiento de cinco magistrados suplentes de la Sala Primera, en vista de que los magistrados recomendaron apenas a cinco personas para las cinco plazas, a pesar de que la Constitución Política les exige postular a dos candidatos por puesto.

Así lo hicieron a través de una votación unánime la tarde de este lunes tras la explicación de la presidenta de la Comisión de Nombramientos, Ana Lucía Delgado, quien recordó que ese error de la Corte “contradecía abiertamente” lo dicho en el artículo 164 de la Constitución Política.

“Hay que recordar que el artículo 164 es bastante claro al señalar que se necesitan dos candidatos por cada plaza vacante, por eso se traslada al Plenario para que se tome el acuerdo y la Corte Suprema proceda a completar dicha nómina”, comentó.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) recordó que en el grupo de Nombramientos se solicitaron explicaciones a la Corte Suprema de Justicia que no fueron satisfactorias y, al no recibir una respuesta convincente, se decidió solicitar el traslado del expediente a la Corte para que “complete” las listas.

Entre esas explicaciones estuvieron las del magistrado presidente de la Sala Tercera, Luis Guillermo Rivas, quien aceptó que “los otros cinco (recomendados) fueron objetados” de manera subjetiva, en vista de que los magistrados propietarios que se oponen a una recomendación “pueden manifestar su no anuencia a algún nombre sin dar una justificación”.

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A las palabras de Delgado se sumaron las de la oficialista Nielsen Pérez del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien agregó que la recomendación de cinco jueces para las cinco magistraturas “no sólo violaba la Constitución Política, sino que generaba mucha preocupación, aunque se entiende que esto se abrió porque ya se había aceptado una nómina así en el Plenario en otro momento”.

Tanto Delgado como Pérez son parte de la Comisión de Nombramientos, organismo que fue felicitado por el resto de diputados como el frenteamplista José María Villalta, quien subrayó que el hecho se trataba de “una evidencia de que la propia Corte Suprema de Justicia irrespetó la norma impuesta en la Constitución Política”.

Además, criticó que el procedimiento de recomendación igualmente es escabroso en la Corte, pues se basa en la subjetividad de los mismos magistrados propietarios “en un proceso en el que ni siquiera se explica el por qué de las elecciones”, algo que “se presta para tener magistrados suplentes totalmente subordinados a los magistrados titulares”.

Este punto también lo señaló el jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides, quien agregó que este procedimiento es “materia pendiente para una reforma constitucional”, pues depende de “una enorme subjetividad”, como la que siempre se ha reclamado de la elección de los magistrados propietarios que se realiza en el Congreso, que requiere de una mayor “transparencia”.

Nombramientos hacen fila

El nombramiento de estos cinco magistrados es parte de los 21 que se han mantenido en los últimos meses haciendo fila en el Plenario Legislativo, además de los incluidos en otros seis expedientes que buscan llenar otras cuatro suplencias en la Sala Primera, dos plazas propietarias en la Sala Segunda, ocho suplencias y una plaza propietaria en la Sala Tercera, y otra plaza permanente en la Sala Constitucional.

También están vacantes tres plazas en la Sala Tercera de los que aún no se tiene un informe de la Comisión de Nombramientos, por lo que no son contabilizados en la lista antes escrita.

Sobre los informes ya hechos, el diputado Villalta enfatizó en que considera una necesidad devolver todos los expedientes a la Corte para que la nueva Comisión de Nombramientos pueda revisar cada uno con su recién acabado mecanismo de recomendación de magistrados, que busca corregir las falencias del pasado que redundaron en nombramientos hoy seriamente cuestionados.

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“Ustedes me dirán que hay magistrados por nombrar y que estamos en mora, pero más grave que eso sería volver a cometer los mismos errores de la Asamblea Legislativa anterior”, puntualizó.

Este punto de vista fue respaldado por el socialcristiano Rodolfo Peña, quien recordó que entre tanto habrá que reformar varios aspectos en el nombramiento de los magistrados como los que recientemente planteó en un proyecto de ley que, entre otras ideas, plantea que los magistrados suplentes se nombren por recomendación del Congreso.

Pendientes en el Plenario

EXPEDIENTE N° 19.780. Elección de ocho Magistrados (as) Suplentes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

EXPEDIENTE N° 19.940 .Elección de cuatro Magistrados (as) Suplentes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

EXPEDIENTE N° 20785. ELECCIÓN DE CINCO MAGISTRADOS (AS) SUPLENTES DE LA SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE N° 20.229. Nombramiento de un (a) Magistrado (a) de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en sustitución del Dr. José Manuel Arroyo Gutiérrez, por jubilación a partir del 1 de enero de 2017.

EXPEDIENTE N° 20.301. Elección de un (a) Magistrado (a) de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por jubilación de la Dra. Eva Maria Camacho Vargas, a partir del 1 de abril del año en curso (originalmente denominado Reelección o no de la señora Eva Maria Camacho Vargas, como Magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

EXPEDIENTE N° 20.381. Elección De Un(a) Magistrado(a) De La Sala Segunda De La Corte Suprema De Justicia, Por Jubilación De La Master Zarela Villanueva Monge, A Partir Del 15 De Mayo De 2017.

EXPEDIENTE N° 19.759. Elección de un (a Magistrado (a) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por jubilación del Dr. Gilberth Armijo Sancho, a partir del 1 de noviembre del año en curso.

Articulo: Josue Alfaro

Fuente: Semanario Universidad

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30 de julio del 2018

Movimiento sindical entregó al Presidente de la República: “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica”

El Movimiento sindical entregó al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, la propuesta fiscal alternativa denominada “Una reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica”.

Se trata de una iniciativa progresiva e integral, que promueve la justicia tributaria y que permitiría recaudar nuevos ingresos, sin necesidad de crear más impuestos, para la clase trabajadora y sus familias.

La entrega se hizo a las 3 p.m. de este lunes 30 de julio, en la Casa Presidencial, con la presencia de las dirigencias sindicales de los colectivos BUSSCO, Patria Justa, las centrales sindicales y el Magisterio.

Por parte de ANDE, estuvieron presentes, Gilberto Cascante Montero, Presidente y Carmen Brenes Pérez, Secretaria General.

Fue elaborada por los sindicatos y una mesa técnica, que planteó una reforma alternativa y no complementaria al proyecto de Ley 20.580, el cual elimina una serie de componentes salariales a la clase trabajadora del sector público (Ley de empleo público).

Recaudación llegaría a un 4.2% del PIB

Algunas medidas planteadas podrían significar entre un 2.38% a un 4.2% del Producto Interno Bruto, pues se recaudarían recursos frescos para el Estado, en temas como el impuesto sobre la renta, valoración aduanera, fraude fiscal, lucha contra la corrupción, impuesto a las transacciones financieras internacionales, entre otros.

“Tenemos diversas propuestas en materia tributaria que podríamos denominar de contingencia, que garantizan la entrada de nuevos recursos, propuestas estructurales orientadas a lograr mayor progresividad y equidad tributaria e iniciativas orientadas a corregir los mecanismos que estimulan el fraude fiscal”, sostuvieron los dirigentes sindicales, mientras presentaron su propuesta.

“El fraude del impuesto sobre la renta es escandaloso, (estimado por Hacienda en 2015 en 5.86% del PIB) por lo que es indispensable actualizar dicho impuesto, para eliminar múltiples mecanismos de evasión y elusión.

“El principal problema fiscal costarricense se soluciona con una mejora en la recaudación de impuestos, lo cual se lograría luchando contra la evasión y la elusión fiscal. Se propone el tema de gestión de las aduanas, como un eje central de mejora”, señaló Gilberto Cascante Montero, Presidente de ANDE.

Fuente: ANDE

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30 de julio del 2018

Sindicatos entregan propuesta fiscal

Resolvería déficit sin necesidad de más impuestos.

Esta tarde, el Movimiento Sindical entregó a los representantes del gobierno, una propuesta fiscal progresiva y equitativa, que permitiría la recaudación de recursos financieros sin necesidad de imponer más impuestos al pueblo costarricense.

Algunas medidas de carácter inmediato entregadas este lunes, podría significar entre un 3% y 4% del producto interno bruto, recaudando recursos frescos para el Estado, en temas como impuesto sobre grandes utilidades, aduanas, impuesto a las transacciones financieras internacionales, entre otros.

Además, el Movimiento Sindical tiene diversas propuestas en materia tributaria que podríamos denominar de contingencia, que garantizan la entrada de nuevos recursos, propuestas estructurales orientadas a lograr mayor progresividad y equidad tributaria e iniciativas orientadas a corregir los mecanismos que estimulan el fraude fiscal. Las propuestas más destacadas son:

1- Impuesto sobre grandes utilidades

De un 30 a 36 % solamente para los grandes contribuyentes (empresas que tributan ¢250 millones de colones o más, o con renta bruta de ¢40 mil millones o más; o con activos de ¢40 mil millones de colones o más, que corresponde aproximadamente a las 400 empresas más grandes del país. Puede ser transitorio.

2- Ejecución eficaz de la valoración aduanera

Creación del Registro de Ejecución Eficaz de la Valoración Aduanera, para que contenga una lista actualizada y detallada de las características de las operaciones comerciales de todos los sujetos que realizan importación de mercancías y así asegurar que a los importadores les sea imposible la no declaración del costo por canon y derecho de licencia.

3- Implementación de escaneo de contenedores para la inspección intrusiva

El escaneo de contenedores permite obtener información sin la necesidad de abrir o manipular la mercadería que se encuentra en su interior. Al proceso se le denomina como inspección no intrusiva (INI). La aspiración final es que el país cuente con equipos de escaneo de contenedores en los 7 puntos de ingreso y salida de contenedores y para los equipos de paquetería postal. La experiencia de otros países plantea que se puede duplicar la recaudación aduanera en un plazo de 3 años. Para el caso costarricense, los datos al 2015 expresaron unos 3 puntos PIB de recaudación aduanera sin contar con el sistema de escáneres. La pretensión es aumentar en un punto porcentual anual durante los próximos 3 años, duplicando la recaudación por escaneo para que llegue a 6 puntos PIB. De la operación del sistema de escaneo, debe encargarse una empresa pública estatal.

4- Impuesto a las transacciones financieras internacionales

Se propone la adición de un nuevo artículo 81 Bis a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para establecer recargos sobre los capitales provenientes del exterior cuya permanencia en el país sea menor a un año, y podrá discriminar en la tasa impuesta conforme al plazo de permanencia. Esto como una medida de carácter solidario para colaborar con el estado de las finanzas públicas, y como medida discrecional de política monetaria. Complementariamente, se puede establecer un peaje por cada transacción bancario-financiera superior a un determinado monto para no afectar operaciones típicas de ingresos medios. La negociación debe determinar las diferentes gradaciones de la norma a fin de lograr un 0.25 puntos PIB por esta vía.

5- Impuesto a las utilidades financieras del cobro usurero de tarjetas de crédito y otros

Los últimos estudios indican que, en promedio, los bancos privados tienen una tasa del 50-54%, mientras que los bancos públicos son del orden del 35%; y, que, el endeudamiento por este mecanismo está llegando a los 4 puntos PIB. El sector financiero, público y privado, debe aportar, solidariamente, para la crisis fiscal en función de sus exorbitantes ganancias. Conservadoras estimaciones indican que este negocio puede oscilar entre el 1.3 y el 1.4% del PIB. La iniciativa de ley al respecto debe incluir, al menos, dos grandes ámbitos: 1) Reducción-regulación de la tasa de interés para disminuir los costos para el tarjetahabiente y que éste pueda enfrentar, más holgadamente su deuda. 2) Imponer una tasa de contribución solidaria que equivalga a un 0.25 puntos PIB del monto de ganancia por intereses abusivos en crédito vía tarjetas de crédito. Se debe incluir otros intereses abusivos y el aporte solidario esperado.

6- Contribución solidaria del sistema de exenciones para zonas francas Luego de 30 años de disfrutar de un sistema de exenciones-exoneraciones de alto calado, se propone una tasa-contribución solidaria para todas las zonas francas, distribuidas entre sí para un aporte conjunto equivalente a un cuarto de punto PIB.

7- Establecer los principios de Renta Global y Renta Mundial

Incorporar dichos principios tributarios para empezar a revertir la regresividad de la estructura tributaria costarricense.

Las propuestas presentadas por el Movimiento Sindical representan un esfuerzo de análisis de diversos sectores sobre el escenario económico-social por el que atraviesa el país.

Fuente: UNDECA

https://undeca.cr

10 de julio del 2018

Hacienda defiende a los evasores

Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, sobre declaraciones de viceministro de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda descalifica declaraciones del Presidente y vicepresidente de la República.

“El mundo va en una dirección diferente y es tasar a las personas y no a las empresas…” impuestos a zonas francas no, ni impuesto a las ganancias de tarjetas tampoco, porque “afectaría al emisor de la tarjeta…” según, Nogui Acosta, viceminstro de Hacienda.

En buen “Cristiano” lo que quiere decir, es: protejamos a las grandes empresas de los políticos empresarios corruptos y a los que roban impuestos, y rebajemos salarios y pongamos impuestos al indefenso pueblo.

La receta de Hacienda aumenta la pobreza, desigualdad y exclusión en uno de los países más desiguales del mundo.

Pareciera que Hacienda olvida que el gobierno, en una democracia, debe velar por los intereses del pueblo, y su papel no es proteger intereses espurios de grupos de poder.

Fuente: UNDECA

https://undeca.cr

Tras desplome del Poder Judicial: ¿ahora qué sigue?

En menos de un año, la polémica desestimación del “cementazo” se trajo abajo al exmagistrado Celso Gamboa, al expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla y a Jorge Chavarría, exfiscal general

En una conferencia reciente, la magistrada de la Sala Constitucional Nancy Hernández señalaba que la justicia es el portero del Estado, una muralla diseñada para bloquear los goles del autoritarismo, y agregaba que un Poder Judicial debilitado es como enfrentar al campeón del mundo sin Keylor Navas, con un guardameta cualquiera.

Siguiendo las palabras de la jueza de la Sala Constitucional, el diagnóstico del Poder Judicial muestra hoy a un portero lesionado, con los reflejos adormilados y con fracturas en varios dedos.

La imagen del Poder Judicial atraviesa sus peores horas, luego de que el caso conocido como el “cementazo” pusiera bajo la lupa a varios funcionarios de alto nivel, expulsara de la vida pública al exmagistrado Celso Gamboa y empujara las jubilaciones del exjefe de la Fiscalía, Jorge Chavarría, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla.

El primero en caer fue el exfiscal Chavarría, suspendido por el pleno de la Corte, debido a sus omisiones en el caso del cemento chino. Luego siguió el turno a Celso Gamboa, destituido por la anterior camada de diputados tras una solicitud de la Corte, que encontró una falta gravísima del exmagistrado por dar un falso testimonio con respecto a su viaje a Panamá, el cual realizó junto al importador de cemento Juan Carlos Bolaños.

El último caso involucra a quien ahora es el expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, suspendido de su cargo por dos meses sin goce de salario, a causa de una falta grave en conjunto con otros jueces de la Sala III.

La sanción fue provocada por su gestión sobre una investigación por tráfico de influencias contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata. Sus pares castigaron a Carlos Chinchilla por omitir una prueba relevante (nada menos que un rastreo telefónico que demostraba una fluida relación entre los legisladores y el empresario del cemento chino), por hacerlo en tiempo récord y con un procedimiento inusual, que ya venía falseado desde la Fiscalía.

Una sanción tan grave como esta a un cuerpo de magistrados no tiene precedentes en la historia nacional. Es la primera vez que se suspende a un presidente de la Corte. También es la primera ocasión que se suspende al jefe del Ministerio Público.

¿Y los otros?

La magistrada Doris Arias y la suplente María Elena Gómez, así como el juez Jesús Ramírez guardan silencio sobre la suspensión por dos meses (sin goce de salario) que la Corte les impuso, luego de repetir la votación del miércoles anterior.

Arias llegó a la Sala III en 2010 y su gestión está pactada para terminar en noviembre de este año. La magistrada manifestó a UNIVERSIDAD que enviará un comunicado de prensa al respecto y dará las declaraciones correspondientes este mismo miércoles.

En el caso de Jesús Ramírez, esta no es la primera vez que su nombre es objeto de cuestionamientos. En 1993, la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa le abrió un expediente por supuestamente haber dado testimonio falso. Por este caso, 37 diputados votaron por no renovar su nombramiento; sin embargo, para que se logre esto se necesita de 38 votos.

Ramírez también salió ileso el año pasado, cuando se discutió darle ocho años más en una silla que ocupa desde 1985. En esa ocasión, la exdiputada Nidia Jiménez reclamó que Ramírez, siendo presidente de la Sala III, en 1991, ordenó que se decomisaran más de 1.000 ejemplares de un libro sobre el caso Chemise, donde se mencionaba al expresidente José María Figueres Olsen en un texto sobre el asesinato de una persona.

Pese a las críticas, Ramírez, de 75 años, ha sobrevivo a cuatro periodos y apenas inicia su quinto, que, de concluir, lo terminaría a sus 82 años en el 2025.

El magistrado Jesús Ramírez (suspendido) ha sobrevivido cuatro periodos de magistratura. Ramírez es del círculo cercano del expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla. (Foto: Katya Alvarado)

Ramírez es uno de los 11 magistrados que ya cumplen con su derecho a jubilarse; sin embargo, tras una consulta de UNIVERSIDAD en junio pasado, ninguno de ellos había comunicado su intención de hacerlo.

“Hay un tema en quienes ostentamos la judicatura o magistratura y tiene que ver con la legitimidad social de la función social que hacemos. El daño que se le hace a la institucionalidad con su permanencia (la de los magistrados sancionados) es muy fuerte”, comentó la jueza Rosaura Chinchilla, una de las lideresas de los jueces en el Poder Judicial.

Corte dividida

Desde los pormenores de la salida de la exmagistrada Zarela Villanueva hasta la sanción de Chinchilla, nunca ha sido más evidente que la Corte está dividida en varios bandos: el núcleo duro de Carlos Chinchilla y quienes le adversan. En medio de ellos, un grupo de magistrados que en ocasiones le dieron su apoyo, pero que no son fieles a Chinchilla y otros independientes, se mueven de un lado a otro.

“Desde hace unos diez años se buscó la meta de controlar la Corte, o la gestación de nombramientos ad hoc de llegar a esa meta. Lo lograron hace un año y pocos meses para los resultados que estamos teniendo. Este es un ‘grupúsculo’ que se enquistó dentro de la Corte y cuyo propósito era llevar a Carlos Chinchilla a la presidencia”, comentó José Manuel Arroyo, exmagistrado de la Sala III, quien apresuró su salida de la Corte por el ambiente que vivía.

De acuerdo con Arroyo, entre los magistrados pertenecientes al núcleo del ahora expresidente de la Corte se encuentra Luis Fernando Salazar, de la Sala Constitucional, Porfirio Sánchez, de la Sala II y Jesús Ramírez, de la Sala III.

En el otro lado de la acera están los magistrados Nancy Hernández, de la Sala IV, así como Luis Guillermo Rivas, presidente de la Sala I. Rivas fue candidato en la última elección para presidente de la Corte, en donde Chinchilla se impuso con 17 votos a favor, mientras que Rivas logró solamente tres.

“El acuerdo adoptado por la Corte Plena podría ser una señal de que esta crisis, que golpeó los cimientos del Poder Judicial, este terremoto, haga que los compañeros piensen que todos somos mortales”, dijo el magistrado Román Solís, de la Sala I, en el programa de radio Hablando Claro.

Vacantes

La crisis del Poder Judicial se agudiza con la presa de nombramientos que se apilan en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el concurso para elegir al reemplazo del exmagistrado Gilbert Armijo espera su respectiva discusión en el Plenario, luego de que la anterior comisión de nombramientos recomendara a Román Navarro, Rosa Abdelnour y Lena White para suplirlo. Armijo se pensionó en diciembre de 2015 y desde entonces no se ha elegido a un sustituto.

Otro caso con un notable rezago es el de la elección de un magistrado que ocupe la silla que dejó el exmagistrado José Manuel Arroyo en diciembre de 2016. La comisión recomendó a los abogados Gary Amador, Alex Rodríguez y Patricia Solano y la decisión también está varada en el Plenario.

En el Plenario también hacen fila los nombramientos para sustituir a las exmagistradas Eva Camacho y Zarela Villanueva, ambos en Sala II.

A esto se le debe sumar que la Asamblea Legislativa deberá abrir nuevos concursos para dos puestos más en Sala III, para sustituir a Celso Gamboa y Carlos Chinchilla; así como la plaza que recién dejó el expresidente de la Sala IV, Ernesto Jinesta.

Como si fuera poco, la Sala I tiene pendiente el nombramiento de cinco suplentes, mientras que la Sala III, de uno.

Con respecto a la Sala I, el proceso se vio interrumpido, luego de que la Corte envió una lista de cinco candidatos, cuando debió enviar diez. El magistrado Luis Guillermo Rivas afirmó ante los diputados de esa comisión que los jueces de la Corte no justifican ni argumentan los nombres que envían a la Asamblea Legislativa.

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Nuevo mandato

La elección de una persona para reemplazar a Carlos Chinchilla al frente de la Corte es vista desde distintos sectores como una oportunidad para recuperar la credibilidad perdida y poner en marcha las reformas que necesita el Poder Judicial.

“Sería una oportunidad de la magistratura para dar muestras de apertura, transparencia, democratización y escucha. Ha habido un divorcio entre el gran Poder Judicial y una cúpula que administra la institución de espaldas al sentimiento de los demás”, agregó Rosaura Chinchilla.

Para el magistrado de la Sala IV, Paul Rueda, quien sustituya a Chinchilla deberá estar consciente de que asume una Corte en medio de una crisis y necesitará de legitimidad para impulsar los cambios necesarios.

“Se trata de una persona que tiene que tener una gran legitimidad por sí misma, tiene que ser alguien con capacidades de conjuntar voluntades y ejecutar proyectos que urgen, y dirigir los procesos de las reformas que tanto necesita el Poder Judicial”, comentó.

Rueda considera que los 22 magistrados no pueden estar inmersos en temas de índole administrativo, y que esto más bien debe reformarse para que sea un grupo más reducido, con los presidentes de cada sala.

Para la elección del nuevo presidente o presidenta, la Corte deberá enviar a la Asamblea Legislativa la comunicación para que inicie el trámite de reposición de magistrado.

Posteriormente, la Corte Plena convocará a elecciones; para esto habrá un periodo de inscripción de candidaturas que tomará 15 días, donde se fijará un debate público en los 15 días siguientes, a menos que haya un acuerdo “sustentado en razones fundadas” de la Corte para adelantar la elección, según una modificación hecha a las reglas para suceder presidentes o vicepresidentes de la Corte, en mayo del año anterior.

El debate será dirigido por Carmenmaría Escoto, actual presidenta interina de la Corte, a menos de que se postule para el cargo. En ese caso, la sesión sería presidida por el magistrado o magistrada que no sea candidato o candidata, con mayor tiempo de servicio titular en la Corte.

Una vez concluido el debate, se procederá inmediatamente a la votación, la cual será secreta. En la sesión se realizarán cinco rondas de votación. En caso de no llegar a un acuerdo, se convocaría a una segunda ronda, una semana después, bajo el mismo procedimiento.

Se estima que el proceso de elección de un nuevo jerarca de la Corte tomaría entre dos y tres meses.

La Sala Constitucional tiene dos vacantes, tras la jubilación de Ernesto Jinesta y Gilbert Armijo. No ha podido ver el tema de la opinión consultiva de la Corte IDH, con respecto al matrimonio igualitario, debido a la ausencia de dos propietarios.

Iniciativas

En medio de la crisis, las propuestas con reformas al Poder Judicial y al régimen disciplinario de la Corte toman fuerza.

Ese es el caso del proyecto de ley que propone la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que busca la creación de una judicatura independiente que evalúe las causas disciplinarias de todos los jueces.

Actualmente, esa potestad recae en el departamento de Inspección Judicial, a excepción de los casos de los magistrados, que son discutidos, investigados y juzgados por sus compañeros.

El proyecto está listo para ser presentado a los jefes de fracción de los partidos políticos. La presidenta de Acojud, Adriana Orocú, afirmó que este es uno de los cambios que se vienen impulsando en los últimos ocho años, pero que ha tomado mayor fuerza e interés luego del escándalo del “cementazo”, que expuso una serie de irregularidades de funcionarios del Poder Judicial.

“A mí me encantaría solo tener que ver con la Sala Constitucional y no administrar”, dijo el magistrado Fernando Cruz. El juez afirmó que se deben revisar todas las reglas para las desestimaciones en todos los supremos poderes, entre otras reformas.

Otra de las iniciativas que tuvo mayor eco en los últimos meses es la propuesta por el Foro de Justicia, un grupo de distintos sectores de la sociedad que diseñó una metodología para la elección de magistrados.

El grupo estudió los procesos de la comisión anterior en los concursos para llenar las vacantes de Gilbert Armijo y José Manuel Arroyo, y encontró errores en la elaboración de preguntas, justificación de argumentos y carencia de mediciones objetivas en la selección de candidatos.

“Una serie de cambios reales van a darle al ciudadano la impresión de que es un Poder Judicial que pudo reaccionar a tiempo, que tiene capacidad de autocrítica”, comentó Evelyn Villarreal, coordinadora del Informe del Estado de la Justicia e integrante del Foro de Justicia.

También existen iniciativas que surgen al ritmo de los últimos acontecimientos, como la petición de un grupo de diez magistrados para que las votaciones en los casos disciplinarios de miembros de la Corte sean públicas y no privadas, como fue en el último caso.

Otra reforma coyuntural vino desde el seno de la Asamblea Legislativa. Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron un proyecto de ley que reduce los periodos de los magistrados de ocho a cinco años.

La iniciativa también adhiere la imposibilidad de que se elija a un juez como magistrado, en caso de estar vinculado por parentesco de consanguinidad o afinidad —hasta el tercer grado— con miembros de la Asamblea Legislativa o del Poder Ejecutivo, una prohibición que actualmente está suscrita solo para la propia Corte Suprema de Justicia.

Algunas propuestas llevan años en el congelador; sin embargo, las recientes actuaciones de algunos magistrados, a la luz del “Cementazo”, podrían darles una nueva vida, de cara a la renovación de un desgastado y golpeado Poder Judicial.

Articulo: Luis Fernando Cascante

Fuente: Semanario Universidad

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17 de julio del 2018

Foro de Sao Paulo: El contexto comunicacional, también terreno de cambios, lucha e integración

Las asignaturas pendientes de América Latina y la izquierda regional en la soberanía de los medios y las políticas comunicacionales, la mediatización de la política y el escenario de Internet como una de las plataformas en que se soporta y expande el poder cultural, económico y político de la derecha y de Estados Unidos, fueron centro de análisis el lunes en la segunda jornada del XXIV Foro de Sao Paulo, en La Habana.

Al intervenir en el Taller sobre Medios de Comunicación, el Dr. Raúl Garcés, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, recordó que, como han planteado estudiosos del tema en Europa y América, el siglo XX dejó la lección -y en el XXI esa lección es aun más sofisticada- que ya no podemos ver el poder solo en términos de economía, de la organización política, sino en términos de poder simbólico, y este determina en las sociedades contemporáneas la configuración de gobiernos, sistemas políticos, de la relación entre gobiernos y opinión pública. “Por eso los centros de poder le dedican tanto dinero”.

¿Cómo se configura hoy ese poder simbólico? ¿Qué rasgos, qué tendencias tiene? Entre los principales rasgos y tendencias que definen hoy el poder simbólico, Garcés mencionó la norteamericanización, la personalización, la comercialización e incluso lo que algunos han llamado la “norteamericanización de segundo grado”.

“Vivimos en un mundo donde se han impuesto los patrones de comunicación política norteamericanos por todas partes, y eso tiene consecuencias: en los modos de configurar y hacer la comunicación, y en la configuración económica del sistema mediático global”, afirmó.

Actualmente, más de la mitad de las firmas de información y comunicación son de Estados Unidos, un porcentaje que es similar en el caso de las empresas periodísticas. Entre las primeras 88 firmas de informática y telecomunicaciones a nivel mundial, 40 son igualmente de ese país.

“Hay una franca norteamericanización de la comunicación política a partir de un franco dominio de los Estados Unidos en los modelos de comunicación política imperantes”, dijo, y subrayó que ello influye también desde el punto de vista de exportación de los modos de producción y las relaciones entre sistema político y sistema comunicativo en el mundo de hoy.

El experto cubano señaló que hoy se llega a hablar de una “norteamericanización de segundo grado”, tomando en cuenta que “la dominación no es solo de Norte a Sur, sino también dentro del propio Sur”.

“O Globo, Televisa, Venevisión, imponen también determinados patrones culturales, que son importados desde los grandes centros de poder pero se reproducen entre nosotros. Estamos hablando de centros de poder simbólico dentro de nuestros propios países, en nuestra propia región, y con un modelo de comunicación que sobreestima la lógica del rating por encima de la lógica de la ética, de la lógica de la verdad, de la calidad del discurso público”, dijo.

La comercialización tiene también consecuencias en la calidad del discurso público, “un tipo de discurso que sobreestima, privilegia, jerarquiza la lógica de ganar audiencia por encima de la lógica de establecer una relación culta con la audiencia, un discurso público de calidad con la audiencia para tratar de formar ciudadanos participativos”.

Estos procesos llevan a un contexto de baja en la credibilidad de los medios, crece la percepción negativa de las audiencias respecto a los medios, que además tienden cada vez más a jugar el papel de partidos políticos. “Recordemos el caso de Venezuela o el de Ecuador, o los de otros países latinoamericanos donde ha quedado demostrado que las grandes empresas mediáticas han convertido en actores políticos”.

Garcés también llamó la atención sobre la profesionalización, el nivel de sofisticación que ha adquirido la comunicación política, lo cual es visible en los equipos de comunicación y marketing políticos que usan los gobiernos, las campañas y los políticos.

Otro de los rasgos es la tendencia a personalizar los procesos políticos con un objetivo: dar a entender que desapareciendo las personas “desaparece el problema”. “Lo hicieron con Fidel Castro, con Hugo Chávez, lo han hecho con Rafael Correo, con Nicolás Maduro… Es la idea de presentar al líder, y promover la idea de desaparecerlo, como si no fuera parte conductora de proceso mucho más complejo que nace desde abajo”.

“Hay que estudiar y sistematizar toda experiencia de alternatividad. Creo que estamos insuficientemente articulados -opinó el decano de la Facultad de Comunicación habanera-. Articularnos depende de aprovechar las circunstancias, la tecnología, y las oportunidades que nos da la sociedad en red para identificar las mejores prácticas, extenderlas y compartirlas siempre que sea posible”.

“Dotar de sentido a lo alternativo significa restaurarle su sentido a la palabra ‘deliberación’. No hay comunicación democrática sin debate, no hay debate sin que la gente tenga voz, y no hay voz sin que la gente tenga educación que permita compartir ideas.

Si queremos desafiar la agenda de los grandes medios, subvertir los límites en que los poderosos encuadran el debate público, no queda otro remedio que ensayar audacias, osadías, e incluso secuestrar códigos probadamente eficaces de la comunicación dominante para usarlos de modo liberador. La batalla en la que estamos enfrascados es esencialmente cultural”, concluyó.

Colonialismo 2.0 en América Latina

En una sociedad que transita aceleradamente de la producción y comercio de bienes y servicios físicos a la producción digital, la nueva e intensa concentración comunicativa y cultural con centro de Estados Unidos decide, por ejemplo, cómo gasta un cuarto de la población mundial cerca de 50 millones de horas diarias.

Al intervenir en el Taller de Medios de Comunicación, la Dra. Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba y de la FELAP, mencionó cifras que ilustran el nivel de concentración acelerado en los medios digitales durante los últimos años.

“Cuatro de las cinco aplicaciones más usadas en los teléfonos móviles del mundo (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) pertenecen a la empresa fundada por Mark Zuckerberg, y recaban datos monetizables permanentemente. En el primer trimestre de 2018, y a pesar de los escándalos de los últimos tiempos, Facebook facturó 11 790 millones de dólares, casi cuatro mil millones más, un 49%, que un año atrás. De ese total, cerca del 98,5% provino de la publicidad”, precisó.

Entretanto, Google realiza cerca del 92% de las búsquedas en Internet, un mercado valorado en más de 92 mil millones. Las diez empresas más poderosas y ricas del mundo, cinco de ellas en el negocio de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, tienen ingresos conjuntos que suman 3,3 billones, equivalentes a 4,5% del PIB mundial. La capitalización de Apple equivale al PIB conjunto de 43 países africanos, unos 900 mil millones de dólares.

“Hay pocas instituciones públicas a nivel nacional o global que puedan enfrentar estos poderes trasnacionales. De hecho, las nuevas plataformas tecnológicas han alterado dramáticamente la naturaleza de la comunicación pública. No existe Estado-nación que pueda remodelar la red por sí solo ni frenar el colonialismo 2.0 aun cuando ejecute normativas locales de protección antimonopólica”, consideró la periodista e investigadora cubana.

La situación es más acentuada en América Latina, la región más dependiente de los Estados Unidos en términos del tráfico en Internet, según datos de la CEPAL. Cerca del 90% de la información electrónica de la región pasa por algún nodo administrado directa o indirectamente por EE.UU.

Igualmente, entre 70 y 80% de los datos que intercambian internamente los países latinoamericanos y caribeños también van a ciudades estadounidenses, donde se ubican diez de los 13 servidores raíces que conforman el código maestro de Internet.

A ello se suma, continuó, que América Latina “es la región más atrasada, según datos internacionales, en la producción de contenidos locales y, sin embargo, es líder en cuanto a presencia de internautas en las redes sociales. De los cien sitios más populares en la región, solo 21 corresponden a contenidos locales: quiere decir que en lugar de crear riqueza para la región, el continente está transmitiendo riquezas todos los días a Estados Unidos, donde están alojadas las grandes empresas de Internet”.

“Acceso a Internet no es lo mismo que capacidad para poner las llamadas nuevas tecnologías en función del desarrollo de un continente en el que puede apreciarse claramente la tendencia creciente a la desigualdad. La falta de habilidades digitales y la imposibilidad de aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías contribuye a perpetuar ese estado de vulnerabilidad aun cuando los pobres puedan tener en sus manos los nuevos artefactos”.

Es, como dijo Darcy Ribeiro, “una colonización en curso de la mano de una tecnología revolucionaria”. En las palabras del teórico brasileño, Estados Unidos “está cumpliendo su papel con enorme eficacia en el sentido de buscar complementariedades que nos harán dependientes permanentemente de ellos”.

Elizalde recalcó que está demostrado que “en ningún caso las llamadas plataformas sociales son un servicio neutral que explota un servicio genérico, sino que se fundan en cimientos tecnológicos e ideológicos y son sistemas institucionalizados que inevitablemente diseñan y manipulan las conexiones”.

Lo que calcula EE.UU. con la operación de “conectividad efectiva”, aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el 2011 -añadió Rosa Miriam-, “es la posibilidad de que esas herramientas creen una simulación de base y a partir de ahí se derrumben sistemas políticos que no le resulten convenientes”.

Cambridge Analytica, la empresa involucrada junto a Facebook en el acceso ilegal a datos de millones de usuarios de la red social, intervino en 200 elecciones en todo el mundo, y se involucró en procesos electorales, del lado contrario a líderes de izquierda, en Argentina, Colombia, Brasil y Venezuela.

Tras destacar la falta de estrategias y programas que permitan a la izquierda desafiar e intervenir las políticas públicas, y generar líneas de acción y trabajo definidas para construir un modelo verdaderamente soberano de la información y la comunicación, recordó que aún no se ha logrado concretar en la región el proyecto de un canal propio de fibra óptica que fue un sueño de UNASUR.

“No tenemos una estrategia sistémica ni un marco jurídico homogéneo y viable que limite el control norteamericano, asegure que el tráfico de la red se intercambie entre países vecinos, fomente el uso de tecnologías que garanticen la confidencialidad de las comunicaciones, preserve nuestros recursos humanos y suprima los obstáculos para la comercialización de los instrumentos, contenidos y servicios digitales producidos en América Latina.

“No se ha avanzado en una agenda comunicacional común supranacional. Necesitamos redes de observatorios que además de ofrecer indicadores básicos y alertas sobre la colonización de nuestro espacio digital comunicativo, permitan recuperar y socializar las buenas prácticas de uso de estas tecnologías y las acciones de resistencia en la región a partir de la comprensión de que el éxito o el fracaso frente a estas nuevas desigualdades depende de decisiones políticas.

“Es improbable que un país del Sur por sí solo, y mucho menos una organización aislada, pueda encontrar recursos para desafiar el poder de la derecho que se moviliza a la velocidad de un tuit, pero un bloque de organizaciones, movimientos y gobiernos de izquierda tendría mayor capacidad de desarrollar niveles de respuesta para reafirmar la soberanía regional en algunas áreas críticas”.

Ramonet: No es pesimista el balance electoral, comunicacional

Al abordar el tema de la comunicación y la situación de la izquierda en América Latina en el Taller sobre Arte y Cultura, el catedrático y periodista español Ignacio Ramonet opinó que “si observamos algunas de las batallas electorales este año, no hay espacio para una visión pesimista”.

“El momento de más intenso enfrentamiento en una batalla comunicacional son las elecciones, es donde se juega lo esencial. La victoria comunicacional es la victoria electoral”, y mencionó lo ocurrido en las elecciones en Venezuela y la contundente victoria de Nicolás Maduro, “aun en medio del acoso económico, mediático, diplomático”, y el triunfo más reciente de Andrés Manuel López Obrador en México, también frente a un conglomerado de medios adverso.

“En Colombia, también en circunstancia muy difícil, saliendo de una guerra de 60 años, en medio del hostigamiento de la extrema derecha conducida por Uribe y su candidato Iván Duque, el resultado importante no fue la elección de Duque, obvia en ese contexto de control absoluto, sino el del candidato izquierdista, Gustavo Petro, que pasa por primera vez a segunda vuelta y obtiene un 43% de votos que nos deja prever que en las próximas elecciones la victoria de la izquierda puede ser posible. Ahí no se ganó la batalla, pero no se perdió”, dijo Ramonet.

“Este balance electoral, que es un balance comunicacional, no es tan pesimista”, destacó.

“La batalla próxima que se va a librar es la de Brasil, en octubre. Por el momento todos los sondeos indican que están dadas las condiciones para que Lula, si puede presentarse, puede obtener una victoria.

“No se puede excluir que si Lula no se presenta, pero si se presenta un candidato de un frente amplio de izquierda, con apoyo de Lula y el PT, es posible que ahí haya también. Con la victoria en México, y una probable en Brasil, muchas cosas en la región podrían cambiar”.

Fuente: Periódico Libertad

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16 de julio del 2018

Puntarenas protestó contra el gobierno

En el recorrido que realizó en Puntarenas centro parte del Gabinete del Gobierno Piza-Alvarado, la comunidad puntarenense se hizo sentir.

El abandono que sufre esa provincia, desde hace décadas, a provocado no solo el ingreso del narcotráfico, sino que también el suicidio de muchas personas.

La privatización de los muelles, la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la politiquería de los partidos tradicionales, PLN, PUSC y ahora el PAC, han sumido a la comunidad puntarenense en la miseria y el dolor.

Una rica provincia que ve como la riqueza que produce sale del país y hacia la capital y no deja nada en el Puerto.

Por eso este miércoles, cuando Carlos Alvarado se hizo presente en el centro de la provincia, la comunidad aprovechó para protestar en el acto.

Dirigentes ciudadanos como Juan Carlos Rodríguez manifestó que la situación que vive Puntarenas no solo es caótica, sino que es intolerable, “ya el pueblo no aguanta tanta miseria, tanto abandono, tanta mentira y engaño de los partidos tradicionales, la comunidad se organiza y luchará por sus derechos.”

Libertad estuvo presente en Puntarenas y constató el espíritu de lucha de una comunidad históricamente combativa.

Fuente: Periódico Libertad

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11 de julio del 2018

Gobierno juega con fuego e incita a la violencia

En las pasadas elecciones nacionales el pueblo costarricense se encontró ante una disyuntiva que a muchos les pareció que era entre lo más radical y lo más racional, enfrentados no en temas fundamentales de desarrollo del país, de gobernabilidad, en temas de creación de fuentes de empleo, de construcción de vivienda popular, de tierra a los campesinos, de oportunidades de estudio para la juventud costarricense, por ejemplo, si no en temas relacionados a concepciones religiosas. Si bien los derechos de distintos sectores sociales son incuestionables y es lamentable que se convirtiera en tema de campaña electoral si una persona tiene o no el derechos de ser quien es, lo fundamental es que el sistema político y social imperante, el capitalista, es el que impide que los costarricenses disfrutemos plenamente de esos y muchos derechos más.

Para los que compartimos la posición del Partido Vanguardia Popular, el Partido de los comunistas costarricenses, teníamos muy claro que no importaba si ganaba el Partido Acción Ciudadana, PAC, o el Partido Restauración Nacional, PRN, ambos iban a responder a los intereses de los sectores de la oligarquía nacional y del imperialismo norteamericano.

Los grandes medios de “comunicación”, cuyos dueños son precisamente parte de esa enquilosada y nauseabunda oligarquía criolla, no solo se prestaron al juego electoral con los temas que a ellos les convenía se discutieran, sino que además, llevaron el “control” del debate electoral.

Hoy, luego de la entrega formal del poder a los mismos de siempre y por quienes el pueblo costarricense no solo no votó, sino que hasta castigó con no votarlos, queda demostrado que los costarricenses fueron engañados, engatusados y que tanto el Partido Liberación Nacional, PLN, como el Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, gobiernan por intermedio de dos partidos que son sus títeres políticos, el PAC y el PRN, junto a otros que le hacen el juego y son cómplices.

Todo el equipo económico del PAC proviene de la más rancia escuela económica neoliberal, y por tanto, cuenta con la “bendición” de los entes financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y ahora la llamada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que impone las nuevas medidas económicas que afectan a todo el pueblo costarricense.

El régimen Piza-Alvarado no solo impone el congelamiento salarial, también ataca las Convenciones Colectivas de Trabajo, recorta salarios y se apresta a imponer de forma dictatorial, una serie de impuestos que llevará a miles de familias a engrosar las estadísticas de pobreza y pobreza extrema.

Esto queda claro en el reportaje de la BBC Mundo de Inglaterra, en donde ubica a Costa Rica ocupa el noveno lugar del mundo con mayor crecimiento en desigualdad, y sabemos bien que este efecto capitalista aumenta la brecha entre los ricos y los pobres y en donde las diferencias son cada vez más notorias; lucha de clases diría Marx, ubicando a nuestro país en el “top ten” de la disparidad y la diferencia de clases.

Los países más desiguales del mundo, según el propio Banco Mundial, y de acuerdo a la medición mediante el Coeficiente de Gini, son: Sudáfrica, Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda, Costa Rica y México.

Recientemente un medio de comunicación, Diario Extra, editorializa precisamente sobre el tema de ese informe de la BBC Mundo. Indica que las “estadísticas que muestran lo publicado por BBC, la Encuesta Continua de Empleo 1 del Trimestre del 2018 destaca que a nivel nacional, la tasa de desempleo pasó de 9,1 % a 10,3 % entre el primer trimestre de 2017 y 2018. Este aumento se debe a un mayor desempleo femenino que llegó al 13,1 %, aumentó de forma significativa 1,8 pp. interanualmente, mientras que, para la población masculina, la tasa fue de 8,6 %, sin variación estadística interanual.

Otro dato revelador es el subempleo, el porcentaje de personas ocupadas en subempleo se estimó en 7,2 %, la tasa de subempleo femenina aumentó 1,7% con respecto al mismo período del año anterior, siendo de 10,7 %. Para los hombres se estimó la tasa en 5,2 %, sin cambio significativo.

La desigualdad también es evidente cuando de trabajo infantil se trata, en 2016, el Ministerio de Educación Pública (MEP) registró que 405 niños de entre 7 y 12 años trabajaban al tiempo que estudiaban; 41 de estos menores no volvieron al centro educativo por tener que laborar. Otros 21 niños que asistían a clases preescolar, menores de 7 años, trabajaban después de presentarse a clases, 14 de ellos fueron posteriormente retirados por sus padres del sistema educativo.

Para el 2017, que son las cifras más actualizadas, 1.642 adolescentes de entre 12 y 15 años estudiaban y trabajaban, 89 de esa edad no lograron terminar el colegio por cumplir con sus obligaciones laborales. De la población de entre 15 y 18 años del MEP, se encontraban trabajando 4.733 jóvenes.”

Este gobierno juega con fuego, el tema es que lo saben y se preparan para los efectos que causará, entrena a los cuerpos policiales con la criminal asesoría israelí, esa misma que invade y asesina en Palestina. Compra equipo militar que está en proceso de actualización para poder reprimir protestas sociales y fortalece todo el aparato de “seguridad nacional”, pero no para las bandas delictivas de narcotraficantes, sino para identificar y dar seguimiento a los líderes sindicales, sociales y políticos.

Este gobierno sabe muy bien que la respuesta del pueblo a tanto acoso y ataque a los más elementales derechos humanos será la protesta, las manifestaciones en las calles, la lucha social. También sabe y prepara la clásica respuesta del régimen capitalista en decadencia, la represión.

El pueblo costarricense y sus organizaciones sociales, sindicales y políticas deben asumir el reto impostergable de organizarse, de coordinar y unir fuerzas para luchar por los derechos humanos. Por ello el Partido Vanguardia Popular (PVP) tiene la acertada tesis de trabajar en ese sentido, la creación de un gran Movimiento de Unidad Popular, “La gran tarea de los costarricenses es la recuperación plena del derecho a decidir (soberanía) y la auténtica justicia social para todos trabajadores de ciudad y del campo, así como el pleno respeto de los derechos humanos para todos los excluidos, discriminados y ofendidos.”.

Concluyo con las siguientes declaraciones del PVP en varios de sus documentos, “para que la unidad fructifique debe expresar toda la diversidad de opiniones y de modelos de acción que genera la propia lucha popular.

La unidad tiene que ser la confluencia de diversas ideas programática y de diversas concepciones de la práctica política, anudadas todas por un propósito central: la sustitución de la hegemonía de los corruptos y explotadores por una nueva hegemonía, por una nueva cultura política, asentada en los intereses más genuinos de los trabajadores, de todos los luchadores sociales y del respeto absoluto a la soberanía nacional.

La meta de la unidad popular ha de ser la justicia social para los obreros, los empleados, los campesinos, los intelectuales, las mujeres, los jóvenes; la igualdad para todos los que sufren discriminación a causa de evidentes violaciones de sus derechos humanos fundamentales y el pleno respeto a la soberanía nacional, de tal manera que los destinos de la nación sean decididos democráticamente por nuestro pueblo, sin injerencias extranjeras.

En las condiciones de este momento se puede afirmar que la esencia de la ética política es la lucha por la unidad popular.”

Articulo:Martín Rodriguez

Fuente: Periódico Libertad

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12 de julio del 2018

Frente Amplio aclara su postura sobre declaración del Foro de Sao Paulo

El Partido Frente Amplio (FA) de Costa Rica, emitió este miércoles una nota aclaratoria sobre su postura política ante la declaración del Foro de Sao Paulo.

La declaración del XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, apoyada por más de 625 delegados de 51 países y 168 organizaciones, destacó entre sus postulados que América Latina y el Caribe siguen en pie de lucha.

El documento final de la reunión que se llevó a cabo en La Habana de Cuba, fue leído por la Secretaria Ejecutiva del Foro, Mónica Valverde, quién hizo referencia a la necesidad de concertar posiciones frente a los efectos de una “multifacética ofensiva reacción conservadora y restauradora neoliberal en la región”.

De acuerdo a lo concluido por el Foro, la oposición neoliberal ha logrado que las fuerzas de izquierda y progresistas en la region retrocedan en sus avances, por lo que hicieron un llamado a la acción desde cada una de los espacios pertinentes.

El documento expresa que es necesario un ejercicio práctico del internacionalismo mutuo entre todas las fuerzas izquierdistas de América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y América del Norte.

En ese contexto, donde confluyen amenazas para la integridad latinoamericana, los delegados convocaron a los líderes políticos para fortalecer el movimiento mundial en defensa de la paz y a sumar fuerzas.

El texto final también se denuncia enérgicamente la tendencia agresiva de la administración Trump que pone en riesgo la declaración de América Latina como Zona de Paz; a la vez que hace un llamado a la unidad de la izquierda y el campo popular para organizarse y luchar contra los avances del imperialismo y el neoliberalismo.

No obstante, la declaración del Foro de Sao Paulo ha sido criticado por la derecha en diferentes países, entre esos Costa Rica, ya que según dicen, se evidencia el apoyo a regímenes violentos y peligrosos como lo es de Nicaragua o Venezuela.

En el caso costarricense, el Frente Amplio aclaró que mantienen la misma posición manifestada por la Comisión Política el pasado 22 de abril, la cual condenó el uso de la violencia y la represión que fue lo  “contrario al diálogo, la paz y la apertura democrática que el pueblo demanda desde hace tiempo”.

El partido puntualizó que la declaración es redactada por un Grupo de Trabajo del cual no forman parte y que en lo específico a la situación de Nicaragua, su posición es distinta aunque haya al mando un gobierno de izquierda.

“Reiteramos nuestro rechazo al uso de la violencia en Nicaragua como herramienta de represión de las manifestaciones o de resolución de conflictos”, indicaron en su nota aclaratoria.

El FA señaló que ellos no firmaron la declaratoria final del Foro de Sao Paulo, el cual es un espacio internacional de discusión y debate donde las organizaciones participantes no comparten todas las posiciones entre ellas.

“Criticamos el uso mezquino y politiquero de dicha declaración por parte de algunos sectores en el país que buscan aprovechar la complicada situación nicaragüense para sus propios intereses”, agregó este partido de izquierda.

En el pronunciamiento del Foro también destaca la defensa de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), repudiaron el militarismo y denunciaron el papel injerecista de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Condenan la guerra no convencional aplicada supuestamente “por el imperialismo y sus aliados europeos, latinoamericanos y caribeños contra la Revolución Bolivariana de Venezuela”.

Articulo: Carlos Arrieta Pérez

Fuente: El País CR

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18 de julio del 2018

¿Diálogo?, Sí, pero con transparencia

El Gobierno debe garantizar un diálogo diáfano, en un escenario exento de ataques contra la clase trabajadora y, particularmente, el empleo público.

La presente, es la propuesta presentada por UNDECA, BUSSCO y el Movimiento Sindical a los representantes del gobierno en la mesa de diálogo abierta luego de la gran huelga nacional del pasado lunes 25 de junio.

El diálogo social es esencial para la convivencia democrática, para lo cual es fundamental establecer condiciones mínimas que brinden garantías a las partes, fomentando una discusión libre, honesta y respetuosa, que implica la voluntad política de redescubrir permanentemente el bien común, y un saber vivir juntos bajo criterios de equidad y justicia para todos los sectores y para todas las personas habitantes de la República.

El abordaje que la actual Administración le ha dado al tema fiscal ha debido, sin duda, ser acompañado de un mejor ejercicio democrático. Pero no ha sido así. Lo anterior genera que dicho abordaje gubernamental del tema fiscal, haya generado posiciones antagónicas entre fuerzas reaccionarias y ultraconservadoras y el movimiento sindical y social, motivo fundamental de la creciente conflictividad social.

Tanto las premisas que algunos integrantes de su gabinete de Gobierno y ciertos diputados de la República identifican como factores causales de la situación fiscal, así como las medidas que se han impuesto, evidencian un alto contenido ideológico cargadas hacia la regresividad fiscal; poniendo el énfasis de la carga tributaria en sectores medios y populares, protegiendo a los sectores ganadores del modelo económico quienes además poseen una mayor capacidad adquisitiva.

Estamos frente a dos visiones diametralmente opuestas: mientras el Gobierno se ha centrado en la contención del gasto, la disciplina fiscal, la revisión del régimen salarial del sector público y prioritariamente en la adopción de nuevos impuestos para el pueblo, el sector socio-laboral considera que las medidas deben combatir rigurosamente la evasión, el fraude fiscal, la revisión del régimen de exoneraciones fiscales, la evaluación de los impactos fiscales de los TLCs, el combate al fraude fiscal corporativo y, en definitiva, modificaciones estructurales del régimen tributario orientado a alcanzar una efectiva progresividad.

Por lo anterior y desde el pasado 7 de marzo del presente año, el Movimiento Sindical Costarricense anunció al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, y a la clase política del país, nuestra decisión de hacerle frente a todas aquellas iniciativas de ley y de política pública, que impulsan nuevos impuestos, perjudicando el ya golpeado ingreso de la clase trabajadora; y poniendo en grave aprieto las actividades económicas-productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias.

De esta forma, si el Gobierno se encuentra realmente interesado en tomar nuestra propuesta de Diálogo Social, debe mostrar su voluntad política creando las condiciones necesarias que garanticen los mínimos democráticos, de respeto, de reconocimiento del otro y sus reivindicaciones, de buena fe hacia las otras iniciativas que permitan mejores soluciones para todas las partes.

Lo anterior implica:

I. Detener el trámite del paquete de impuestos (Expediente 20.580), para garantizar un periodo de gracia que permita la construcción de acuerdos sobre el tema en la Mesa de Diálogo Social Multisectorial sobre el tema fiscal.

II. Desestimar y suspender las demandas interpuestas por el Gobierno y demás Instituciones Públicas para que se declare la ilegalidad de la huelga, de forma que, se despeje del escenario político toda represalia política y legal contra las y los trabajadores que participaron del movimiento nacional regionalizado del pasado 25 de junio, para expresar el descontento nacional contra el abordaje gubernamental del tema fiscal;

III. La apertura formal de una mesa de diálogo social multisectorial, con participación de diversos sectores como la Iglesia Católica, con su respectiva propuesta metodológica consensuada, para buscar soluciones conjuntas al tema fiscal.

Pero, además, no podemos aceptar y dejamos constancia de nuestro rechazo y condena a las directrices emitidas por la señora Ministra de Hacienda en contra de los derechos laborales y la negociación colectiva en días pasados; especialmente lo relacionado con el decreto # 4167-MTSS-H, que impuso el reajuste salarial para el II Segundo Semestre de 2018 y el I semestre del 2019, suspendiendo unilateralmente el Acuerdo de la Comisión de Salarios del Sector Público del año 2007. Este tipo de decisiones socavan el derecho fundamental a negociación colectiva, así como la construcción de transparencia y de confianza en procesos de diálogo de mayor magnitud como el que se requiere para el tema del déficit fiscal.

Asimismo, manifestamos nuestro rechazo a las comisiones nombradas para la Reforma del Estado y la Reforma a la Administración Pública y lamentamos que este gobierno en lugar de la vía participativa y democrática de nuestro Estado Social, de acuerdo con el postulado que exige el artículo 9 de nuestra Constitución, le haya dado un carácter excluyente, evidenciando una uniformidad ideológica que no sorprende, denegando a la sociedad espacios reales de participación multisectorial efectiva.

No pueden ser los mismos de siempre, que representan los mismos intereses y los mismos sectores, quienes tengan el monopolio de la toma de decisiones, mucho menos con personajes con vocación totalitaria y discriminatoria o que han irrespetado la institucionalidad del país como el señor Casas. Demandamos, por tanto, que se modifique totalmente la integración de ambas comisiones hacia una orientación multisectorial, plural y diversa.

Señores del Gobierno de la República: esas condiciones objetivas son necesarias para encontrar espacios de diálogo con el Gobierno, si es que existe una disposición sincera, transparente, leal, radicada en la buena fe, de manera que ustedes tienen la palabra. Si hay vocación real y transparente por el Diálogo Social, encontrarán al movimiento sindical, dispuesto a sentarse a hablar y dialogar sin ningún tipo de reserva, en resguardo de los intereses de las grandes mayorías y del Estado Social de Derecho.

Fuente: UNDECA

https://undeca.cr/

29 de junio del 2018

Defensoría advierte “bomba de tiempo” en la Caja del Seguro Social Costarricense CCSS

Los cientos de miles de personas en listas de espera en la Caja es uno de los problemas más urgentes de resolver, insiste la Defensoría de los Habitantes.

La Defensoría de los Habitantes lanzó un vehemente llamado a la toma de decisiones para resolver la postergada reforma del seguro de pensiones y un acumulado de graves problemas en el seguro de salud que constituyen “una bomba de tiempo” para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Hemos dicho que la Caja es una bomba de tiempo porque la misma unidad de compras de la institución está intervenida, se han hallado procedimientos irregulares, compras multimillonarias en las cuales empresas que habían sido sancionadas siguen participando en las licitaciones como si nada, lo cual lleva a opacidad en los procedimientos de compra para la Caja”, manifestó el Defensor de los Habitantes en funciones, Juan Manuel Cordero.

El magistrado de conciencia citó también el añejo problema de las largas listas de espera que sufren miles de pacientes, y que no cesan de aumentar. Las cifras llegan a 145.553 personas en consulta externa especializada, 309.679 en procedimientos (exámenes de laboratorio y otros) y 116.336 en cirugías, según datos de la gerencia médica de la Caja a marzo del 2018.

El Defensor mencionó asimismo problemas de macrocefalia en las oficinas centrales de la CCSS, sin que se adopten decisiones para organizar el nivel central y que se tenga una mayor coordinación con los demás niveles de atención, y que, efectivamente, haya un funcionamiento deseable en red institucional.

Además, hay un problema de falta de especialistas en la institución y no concuerdan los números del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) y la propia gerencia médica sobre la cantidad de especialistas que necesita el país.

Consecuentemente hay una falta de espacio y de plazas para la formación de especialistas y para sacar las presas en citas y procedimientos, indicó Cordero.

Citó, asimismo, problemas relacionados con infraestructura, equipamientos y de personal técnico que acompaña al personal médico para la realización de los procedimientos.

Motivo de especial preocupación, dijo, es la tardanza en actuar para resolver el “problema gravísimo” del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

“Se trata del régimen pensionario más grande del país, al cual cotizamos tanto funcionarios públicos como funcionarios privados, y existen discusiones de décadas atrás respecto a la sostenibilidad financiera del régimen”, señaló Cordero en referencia al fondo de pensiones que cobija a 1,5 millones de personas trabajadoras, y que entrará en insolvencia en unos diez años si no se hacen reformas urgentes, según estudios actuariales.

Cordero recordó que la CCSS convocó a una mesa de diálogo con sectores sociales hace ya casi nueve meses para proponer reformas al régimen. La Junta Directiva tiene el informe (con 36 recomendaciones) sobre el cual no se han adoptado decisiones, y según los estudios de alguna manera las reservas del régimen ya están comprometidas, lamentó.

“Consecuentemente el asunto realmente preocupa a la Defensoría y por eso decimos que es una bomba de tiempo”, recalcó Cordero tras señalar que no se explica cómo es que no se toman decisiones en este asunto tan delicado.

En su criterio, las medidas que en su momento se recomendaron a la Junta Directiva de la Caja se quedan cortas, y se van a tener que tomar decisiones más duras para dar sostenibilidad al régimen a largo plazo.

Se necesita una conjunción de medidas y todos van a tener que contribuir a la sostenibilidad del sistema, remarcó.

Por tanto, la Defensoría insiste en instar a las autoridades de la CCSS a tomar decisiones para el régimen pensionario más grande el país, del cual dependerá la subsistencia de la mayoría de costarricenses a futuro.

“Esto es tan grave que yo no me explico por qué de esta situación no se habla. Por eso es tan vehemente la insistencia que hace la institución con las autoridades de la Caja, para que se aboquen a estudiar este tema”, manifestó Cordero.

Ha habido comunicación reiterada de la Defensoría con la Caja sobre este tema y a la fecha no se ha recibido respuesta, afirmó.

“Como ha habido falta de cuórum estructural (en la Junta Directiva de la Caja) y hasta la semana antepasada se restableció, no hemos recibido las respuestas certeras que esperamos se adopten ahora que hay quórum”, externó el funcionario.

INVESTIGACIÓN

Actualmente la dirección de compras de bienes y servicios de la CCSS está intervenida por la Gerencia de Logística, mientras se investigan presuntas anomalías que ocasionaron un desabastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud el pasado mes de mayo.

Los centros de salud se quedaron sin 28 medicamentos por aparentes fallas en las compras realizadas, y la Gerencia decidió separar temporalmente a los responsables de la adquisición de medicinas e insumos médicos.

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para investigar las supuestas irregularidades en las compras de medicamentos e insumos en la Caja.

El presidente de la comisión, Jonathan Prendas (Restauración Nacional), manifestó que van a empezar por investigar el uso dado al presupuesto anual de ¢180.000 millones que tenían para compras, y luego lo van ampliar a otros sobre otras supuestas irregularidades.

El diputado dijo tener información de que hay al menos 400 expedientes de procesos sancionatorios contra proveedores que le incumplieron a la institución, pero no se ejecutaron con una pérdida de unos $2,5 millones (unos ¢1.437 millones), y eso también lo van a investigar.

Sobre los graves problemas de gestión de la Caja dan idea una serie de informes que ha estado sacando la Auditoría Interna de la institución, cuyas recomendaciones por lo general son ignoradas en la administración y quedan en nada.

Uno de los últimos estudios de la auditoría revela, por ejemplo, que a setiembre de 2017 había 6.000 depósitos en cuentas por un total de ¢100.000 millones sobre los cuales la Caja no tenía información a qué corresponde ese dinero y, por lo tanto, no hay aplicación a asunto específico alguno.

Se trata de cuentas donde se hacen depósitos que pueden ser de cobros judiciales o pagos de algún servicio, pero la Caja no sabe a qué corresponden los pagos.

MANO A LA JUSTICIA

La estadística revela un incremento de los recursos de amparo por temas de salud presentados ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por parte de personas afectadas por listas de espera en la Caja o a las que se les deniega servicios en la institución.

Aproximadamente uno de cada cuatro recursos de amparo y habeas corpus presentado a la Sala IV tiene que ver con temas de salud y en lo que va de este año se observa un aumento significativo.

En el 2016 un total de 4.471 personas recurrieron a la Sala IV en demanda de atención, tratamientos o suministro de medicamentos, entre otros temas relacionados con la salud, lo cual representó 29,1% de la totalidad de los asuntos de garantía (amparos y habeas corpus) que resuelve la Sala Constitucional.

Al año siguiente fueron 5.520 casos (26,7% del total de recursos) y en el primer trimestre del 2018 se contaban 3.534, para un 33,84% de la totalidad de los recursos presentados, según estadísticas suministradas por el Centro de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Los reclamos de las personas recurrentes tienen que ver principalmente con citas médicas, exámenes y tratamientos especializados, medicamentos y cirugías que se les deniega o se los programan para mucho tiempo después.

Así, por ejemplo, en uno de los más recientes amparos una mujer manifiesta que tiene una cita para un ultrasonido en la Clínica Marcial Fallas de Desamparados, donde se la dan para el 28 de abril de 2027, lo que le violenta su derecho a la salud y una vida digna.

Un recurrente dice que requiere de un examen de resonancia magnética, pero la cita se la dieron para el 2 de mayo del 2019, y otro alega que le programaron una cita de ortopedia para el 3 de enero del 2020.

Una mujer alega que su hermano sufre de parálisis cerebral y requiere de un tratamiento odontológico que se le niega, otra aduce que el pariente al que representa en el recurso requiere de un tratamiento de radioterapia y el hospital no procede a realizárselo.

En otros casos, una recurrente requiere del medicamento Palbociclib, prescrito por el médico tratante, pero no se le suministra, y otro recurre en demanda del medicamento Venetoclax.

Articulo: Jorge Araya

Foto: Katya Alvarado

Fuente: Semanario Universidad

https://semanariouniversidad.com

10 de julio del 2018