Defensoría advierte “bomba de tiempo” en la Caja del Seguro Social Costarricense CCSS

Los cientos de miles de personas en listas de espera en la Caja es uno de los problemas más urgentes de resolver, insiste la Defensoría de los Habitantes.

La Defensoría de los Habitantes lanzó un vehemente llamado a la toma de decisiones para resolver la postergada reforma del seguro de pensiones y un acumulado de graves problemas en el seguro de salud que constituyen “una bomba de tiempo” para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Hemos dicho que la Caja es una bomba de tiempo porque la misma unidad de compras de la institución está intervenida, se han hallado procedimientos irregulares, compras multimillonarias en las cuales empresas que habían sido sancionadas siguen participando en las licitaciones como si nada, lo cual lleva a opacidad en los procedimientos de compra para la Caja”, manifestó el Defensor de los Habitantes en funciones, Juan Manuel Cordero.

El magistrado de conciencia citó también el añejo problema de las largas listas de espera que sufren miles de pacientes, y que no cesan de aumentar. Las cifras llegan a 145.553 personas en consulta externa especializada, 309.679 en procedimientos (exámenes de laboratorio y otros) y 116.336 en cirugías, según datos de la gerencia médica de la Caja a marzo del 2018.

El Defensor mencionó asimismo problemas de macrocefalia en las oficinas centrales de la CCSS, sin que se adopten decisiones para organizar el nivel central y que se tenga una mayor coordinación con los demás niveles de atención, y que, efectivamente, haya un funcionamiento deseable en red institucional.

Además, hay un problema de falta de especialistas en la institución y no concuerdan los números del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) y la propia gerencia médica sobre la cantidad de especialistas que necesita el país.

Consecuentemente hay una falta de espacio y de plazas para la formación de especialistas y para sacar las presas en citas y procedimientos, indicó Cordero.

Citó, asimismo, problemas relacionados con infraestructura, equipamientos y de personal técnico que acompaña al personal médico para la realización de los procedimientos.

Motivo de especial preocupación, dijo, es la tardanza en actuar para resolver el “problema gravísimo” del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

“Se trata del régimen pensionario más grande del país, al cual cotizamos tanto funcionarios públicos como funcionarios privados, y existen discusiones de décadas atrás respecto a la sostenibilidad financiera del régimen”, señaló Cordero en referencia al fondo de pensiones que cobija a 1,5 millones de personas trabajadoras, y que entrará en insolvencia en unos diez años si no se hacen reformas urgentes, según estudios actuariales.

Cordero recordó que la CCSS convocó a una mesa de diálogo con sectores sociales hace ya casi nueve meses para proponer reformas al régimen. La Junta Directiva tiene el informe (con 36 recomendaciones) sobre el cual no se han adoptado decisiones, y según los estudios de alguna manera las reservas del régimen ya están comprometidas, lamentó.

“Consecuentemente el asunto realmente preocupa a la Defensoría y por eso decimos que es una bomba de tiempo”, recalcó Cordero tras señalar que no se explica cómo es que no se toman decisiones en este asunto tan delicado.

En su criterio, las medidas que en su momento se recomendaron a la Junta Directiva de la Caja se quedan cortas, y se van a tener que tomar decisiones más duras para dar sostenibilidad al régimen a largo plazo.

Se necesita una conjunción de medidas y todos van a tener que contribuir a la sostenibilidad del sistema, remarcó.

Por tanto, la Defensoría insiste en instar a las autoridades de la CCSS a tomar decisiones para el régimen pensionario más grande el país, del cual dependerá la subsistencia de la mayoría de costarricenses a futuro.

“Esto es tan grave que yo no me explico por qué de esta situación no se habla. Por eso es tan vehemente la insistencia que hace la institución con las autoridades de la Caja, para que se aboquen a estudiar este tema”, manifestó Cordero.

Ha habido comunicación reiterada de la Defensoría con la Caja sobre este tema y a la fecha no se ha recibido respuesta, afirmó.

“Como ha habido falta de cuórum estructural (en la Junta Directiva de la Caja) y hasta la semana antepasada se restableció, no hemos recibido las respuestas certeras que esperamos se adopten ahora que hay quórum”, externó el funcionario.

INVESTIGACIÓN

Actualmente la dirección de compras de bienes y servicios de la CCSS está intervenida por la Gerencia de Logística, mientras se investigan presuntas anomalías que ocasionaron un desabastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud el pasado mes de mayo.

Los centros de salud se quedaron sin 28 medicamentos por aparentes fallas en las compras realizadas, y la Gerencia decidió separar temporalmente a los responsables de la adquisición de medicinas e insumos médicos.

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para investigar las supuestas irregularidades en las compras de medicamentos e insumos en la Caja.

El presidente de la comisión, Jonathan Prendas (Restauración Nacional), manifestó que van a empezar por investigar el uso dado al presupuesto anual de ¢180.000 millones que tenían para compras, y luego lo van ampliar a otros sobre otras supuestas irregularidades.

El diputado dijo tener información de que hay al menos 400 expedientes de procesos sancionatorios contra proveedores que le incumplieron a la institución, pero no se ejecutaron con una pérdida de unos $2,5 millones (unos ¢1.437 millones), y eso también lo van a investigar.

Sobre los graves problemas de gestión de la Caja dan idea una serie de informes que ha estado sacando la Auditoría Interna de la institución, cuyas recomendaciones por lo general son ignoradas en la administración y quedan en nada.

Uno de los últimos estudios de la auditoría revela, por ejemplo, que a setiembre de 2017 había 6.000 depósitos en cuentas por un total de ¢100.000 millones sobre los cuales la Caja no tenía información a qué corresponde ese dinero y, por lo tanto, no hay aplicación a asunto específico alguno.

Se trata de cuentas donde se hacen depósitos que pueden ser de cobros judiciales o pagos de algún servicio, pero la Caja no sabe a qué corresponden los pagos.

MANO A LA JUSTICIA

La estadística revela un incremento de los recursos de amparo por temas de salud presentados ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por parte de personas afectadas por listas de espera en la Caja o a las que se les deniega servicios en la institución.

Aproximadamente uno de cada cuatro recursos de amparo y habeas corpus presentado a la Sala IV tiene que ver con temas de salud y en lo que va de este año se observa un aumento significativo.

En el 2016 un total de 4.471 personas recurrieron a la Sala IV en demanda de atención, tratamientos o suministro de medicamentos, entre otros temas relacionados con la salud, lo cual representó 29,1% de la totalidad de los asuntos de garantía (amparos y habeas corpus) que resuelve la Sala Constitucional.

Al año siguiente fueron 5.520 casos (26,7% del total de recursos) y en el primer trimestre del 2018 se contaban 3.534, para un 33,84% de la totalidad de los recursos presentados, según estadísticas suministradas por el Centro de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Los reclamos de las personas recurrentes tienen que ver principalmente con citas médicas, exámenes y tratamientos especializados, medicamentos y cirugías que se les deniega o se los programan para mucho tiempo después.

Así, por ejemplo, en uno de los más recientes amparos una mujer manifiesta que tiene una cita para un ultrasonido en la Clínica Marcial Fallas de Desamparados, donde se la dan para el 28 de abril de 2027, lo que le violenta su derecho a la salud y una vida digna.

Un recurrente dice que requiere de un examen de resonancia magnética, pero la cita se la dieron para el 2 de mayo del 2019, y otro alega que le programaron una cita de ortopedia para el 3 de enero del 2020.

Una mujer alega que su hermano sufre de parálisis cerebral y requiere de un tratamiento odontológico que se le niega, otra aduce que el pariente al que representa en el recurso requiere de un tratamiento de radioterapia y el hospital no procede a realizárselo.

En otros casos, una recurrente requiere del medicamento Palbociclib, prescrito por el médico tratante, pero no se le suministra, y otro recurre en demanda del medicamento Venetoclax.

Articulo: Jorge Araya

Foto: Katya Alvarado

Fuente: Semanario Universidad

https://semanariouniversidad.com

10 de julio del 2018