En las pasadas elecciones nacionales el pueblo costarricense
se encontró ante una disyuntiva que a muchos les pareció que era entre lo más
radical y lo más racional, enfrentados no en temas fundamentales de desarrollo
del país, de gobernabilidad, en temas de creación de fuentes de empleo, de
construcción de vivienda popular, de tierra a los campesinos, de oportunidades
de estudio para la juventud costarricense, por ejemplo, si no en temas
relacionados a concepciones religiosas. Si bien los derechos de distintos
sectores sociales son incuestionables y es lamentable que se convirtiera en
tema de campaña electoral si una persona tiene o no el derechos de ser quien
es, lo fundamental es que el sistema político y social imperante, el
capitalista, es el que impide que los costarricenses disfrutemos plenamente de
esos y muchos derechos más.
Para los que compartimos la posición del Partido Vanguardia
Popular, el Partido de los comunistas costarricenses, teníamos muy claro que no
importaba si ganaba el Partido Acción Ciudadana, PAC, o el Partido Restauración
Nacional, PRN, ambos iban a responder a los intereses de los sectores de la
oligarquía nacional y del imperialismo norteamericano.
Los grandes medios de “comunicación”, cuyos dueños son
precisamente parte de esa enquilosada y nauseabunda oligarquía criolla, no solo
se prestaron al juego electoral con los temas que a ellos les convenía se
discutieran, sino que además, llevaron el “control” del debate electoral.
Hoy, luego de la entrega formal del poder a los mismos de
siempre y por quienes el pueblo costarricense no solo no votó, sino que hasta
castigó con no votarlos, queda demostrado que los costarricenses fueron
engañados, engatusados y que tanto el Partido Liberación Nacional, PLN, como el
Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, gobiernan por intermedio de dos partidos
que son sus títeres políticos, el PAC y el PRN, junto a otros que le hacen el
juego y son cómplices.
Todo el equipo económico del PAC proviene de la más rancia
escuela económica neoliberal, y por tanto, cuenta con la “bendición” de los
entes financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y ahora la llamada Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE, que impone las nuevas medidas económicas que afectan a todo el
pueblo costarricense.
El régimen Piza-Alvarado no solo impone el congelamiento
salarial, también ataca las Convenciones Colectivas de Trabajo, recorta salarios
y se apresta a imponer de forma dictatorial, una serie de impuestos que llevará
a miles de familias a engrosar las estadísticas de pobreza y pobreza extrema.
Esto queda claro en el reportaje de la BBC Mundo de
Inglaterra, en donde ubica a Costa Rica ocupa el noveno lugar del mundo con
mayor crecimiento en desigualdad, y sabemos bien que este efecto capitalista
aumenta la brecha entre los ricos y los pobres y en donde las diferencias son
cada vez más notorias; lucha de clases diría Marx, ubicando a nuestro país en
el “top ten” de la disparidad y la diferencia de clases.
Los países más desiguales del mundo, según el propio Banco
Mundial, y de acuerdo a la medición mediante el Coeficiente de Gini, son:
Sudáfrica, Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda, Costa Rica
y México.
Recientemente un medio de comunicación, Diario Extra,
editorializa precisamente sobre el tema de ese informe de la BBC Mundo. Indica
que las “estadísticas que muestran lo publicado por BBC, la Encuesta Continua
de Empleo 1 del Trimestre del 2018 destaca que a nivel nacional, la tasa de
desempleo pasó de 9,1 % a 10,3 % entre el primer trimestre de 2017 y 2018. Este
aumento se debe a un mayor desempleo femenino que llegó al 13,1 %, aumentó de
forma significativa 1,8 pp. interanualmente, mientras que, para la población
masculina, la tasa fue de 8,6 %, sin variación estadística interanual.
Otro dato revelador es el subempleo, el porcentaje de
personas ocupadas en subempleo se estimó en 7,2 %, la tasa de subempleo
femenina aumentó 1,7% con respecto al mismo período del año anterior, siendo de
10,7 %. Para los hombres se estimó la tasa en 5,2 %, sin cambio significativo.
La desigualdad también es evidente cuando de trabajo
infantil se trata, en 2016, el Ministerio de Educación Pública (MEP) registró
que 405 niños de entre 7 y 12 años trabajaban al tiempo que estudiaban; 41 de
estos menores no volvieron al centro educativo por tener que laborar. Otros 21
niños que asistían a clases preescolar, menores de 7 años, trabajaban después
de presentarse a clases, 14 de ellos fueron posteriormente retirados por sus
padres del sistema educativo.
Para el 2017, que son las cifras más actualizadas, 1.642
adolescentes de entre 12 y 15 años estudiaban y trabajaban, 89 de esa edad no
lograron terminar el colegio por cumplir con sus obligaciones laborales. De la
población de entre 15 y 18 años del MEP, se encontraban trabajando 4.733
jóvenes.”
Este gobierno juega con fuego, el tema es que lo saben y se
preparan para los efectos que causará, entrena a los cuerpos policiales con la
criminal asesoría israelí, esa misma que invade y asesina en Palestina. Compra
equipo militar que está en proceso de actualización para poder reprimir
protestas sociales y fortalece todo el aparato de “seguridad nacional”, pero no
para las bandas delictivas de narcotraficantes, sino para identificar y dar
seguimiento a los líderes sindicales, sociales y políticos.
Este gobierno sabe muy bien que la respuesta del pueblo a
tanto acoso y ataque a los más elementales derechos humanos será la protesta,
las manifestaciones en las calles, la lucha social. También sabe y prepara la
clásica respuesta del régimen capitalista en decadencia, la represión.
El pueblo costarricense y sus organizaciones sociales,
sindicales y políticas deben asumir el reto impostergable de organizarse, de
coordinar y unir fuerzas para luchar por los derechos humanos. Por ello el
Partido Vanguardia Popular (PVP) tiene la acertada tesis de trabajar en ese
sentido, la creación de un gran Movimiento de Unidad Popular, “La gran tarea de
los costarricenses es la recuperación plena del derecho a decidir (soberanía) y
la auténtica justicia social para todos trabajadores de ciudad y del campo, así
como el pleno respeto de los derechos humanos para todos los excluidos,
discriminados y ofendidos.”.
Concluyo con las siguientes declaraciones del PVP en varios
de sus documentos, “para que la unidad fructifique debe expresar toda la
diversidad de opiniones y de modelos de acción que genera la propia lucha
popular.
La unidad tiene que ser la confluencia de diversas ideas
programática y de diversas concepciones de la práctica política, anudadas todas
por un propósito central: la sustitución de la hegemonía de los corruptos y
explotadores por una nueva hegemonía, por una nueva cultura política, asentada
en los intereses más genuinos de los trabajadores, de todos los luchadores
sociales y del respeto absoluto a la soberanía nacional.
La meta de la unidad popular ha de ser la justicia social
para los obreros, los empleados, los campesinos, los intelectuales, las
mujeres, los jóvenes; la igualdad para todos los que sufren discriminación a
causa de evidentes violaciones de sus derechos humanos fundamentales y el pleno
respeto a la soberanía nacional, de tal manera que los destinos de la nación
sean decididos democráticamente por nuestro pueblo, sin injerencias
extranjeras.
En las condiciones de este momento se puede afirmar que la
esencia de la ética política es la lucha por la unidad popular.”
Articulo:Martín Rodriguez
Fuente: Periódico Libertad
12 de julio del 2018
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